A pocos días del comienzo en Cuba de lo que se ha definido como Tarea Ordenamiento, son visibles algunos augurios optimistas de lo que su aplicación puede significar para el desarrollo del país. Sin embargo, también ha estado presente, en alguna medida, la incertidumbre y la incomprensión en torno a ciertas aristas.

Una de las líneas de opinión es la implícita en una interrogante varias veces repetida: “¿para qué subieron los salarios, si casi todo lo demás ha subido?”. Y aunque es cierto que muchos productos y servicios han aumentado su precio, las actuales reformas no se circunscriben únicamente a la relación precios-salarios. Por ello resulta válido precisar cuáles son los aspectos fundamentales de la Tarea Ordenamiento.

Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, ha dicho que con el ordenamiento se persigue quitar una moneda; establecer un único tipo de cambio; eliminar subsidios excesivos y gratuidades indebidas; y realizar una modificación en la distribución de los ingresos.

Pero, ¿estos cambios dejan a su suerte a alguno de los actores económicos hoy existentes? ¿Algún grupo social quedaría desamparado? Si bien un proceso tan complejo como este no está exento de errores, su concepción original prevé mitigar efectos que en primera instancia puedan resultar negativos.

Veamos el caso de la empresa estatal socialista, en la que se supone que las reformas económicas tengan un impacto considerable. El acrecentamiento de los pagos salariales, el aumento del precio de materias primas, el cambio del USD a 1 por 24 y otros factores incidirán en que muchas empresas tengan pérdidas en su gestión.

De acuerdo con datos divulgados por Murillo, unas 300 000 personas laboran en entidades en las que los saldos contables pudieran dar negativos.

Sin embargo, el gobierno piensa destinar este año 18 000 millones para apoyar al sistema empresarial, el cual no debe trasladar sus posibles ineficiencias a los precios minoristas. Por su parte, las empresas que incurran en pérdidas deberán explicarlas.

En resumen, de una parte tenemos empresas que tendrán que esforzarse para ser económicamente rentables en el nuevo escenario. Del otro lado está la voluntad estatal de colaborar con ellas y al mismo tiempo exigirles mayor eficiencia. Dejar sin amparo a los trabajadores no es -ni debe ser- la alternativa.

Información de CUBASÍ

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