Porque perfeccionar los modos de impartir justicia forma parte de los desvelos de quienes piensan y quieren a Cuba, este lunes, desde el capitalino Palacio de las Convenciones, la Asamblea Nacional del Poder Popular –en su séptimo período ordinario de sesiones, perteneciente a la IX legislatura- analizó el Proyecto de Ley de los Tribunales de Justicia.
Encabezada por el Presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, y con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tuvo su inicio la jornada que sesionó a lo largo del día para que los diputados reflexionaran al detalle sobre cuatro proyectos de leyes: el de los Tribunales de Justicia, el de Proceso Penal, el de Proceso Administrativo, y el del Código de Procesos.
A modo de introducción para el análisis del Proyecto de Ley de los Tribunales de Justicia, Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, expresó en la sesión plenaria de la Asamblea, que para el diseño del importante texto fueron recibidos criterios y propuestas procedentes de organismos del sector jurídico, de las universidades y de otras instituciones, así como de los diputados, y de la población.
Dos de cada tres propuestas, afirmó Remigio Ferro, fueron aceptadas para conformar el Proyecto de Ley; lo cual, destacó, resulta ilustrativo del nivel de participación con que ha contado del proceso de confección del documento.
Si en días futuros se aprueba el Proyecto de Ley de los Tribunales de Justicia que se propone, este remplazará a la vigente Ley Nro. 82 de los Tribunales Populares.
Entre las modificaciones principales que entraña dicho Proyecto de Ley, y según explicó Remigio Ferro, “se refuerza el principio de actuación colegiada de los tribunales, y se definen con mayor claridad los casos para los que se prevé la intervención de un solo juez profesional”.
Igualmente, a tenor con las modificaciones, “se definen con mayor precisión las funciones del Consejo de Gobierno y de los presidentes de los tribunales”, y “se incorporan las funciones del presidente de sección de los tribunales”.
Una de las fortalezas que tiene nuestro sistema judicial, apuntó Rubén Remigio Ferro, es la participación directa de la ciudadanía en los tribunales,a través de los jueces legos. “Nosotros debemos movernos hacia un uso más racional y objetivo de los jueces legos”, enfatizó, tomando como punto de partida su enfoque de que tales artífices de la justicia constituyen una forma de control popular sobre el trabajo de los tribunales.
El Proyecto de Ley -que los diputados repasaron en toda su estructura-deja explícito en su contenido que “para la conformación (del mismo) se han tomado en consideración los documentos programáticos para el desarrollo del país, aprobados en el 6to, el 7mo y el 8vo congresos del Partido Comunista de Cuba, en los que se indica la necesidad de perfeccionamiento del sistema de justicia en todos sus ámbitos”.
Dicho perfeccionamiento, expresa el texto, es “premisa de la seguridad jurídica, la protección de los derechos de las personas, la institucionalidad, la disciplina social y el orden interior, unida al imperativo de fortalecer la administración pública, la informatización y el progreso de la ciencia, la tecnología y la innovación, en función de la solución de los problemas sociales”.
Un valioso concepto, aplicable a los cuatro proyectos de leyes analizados este lunes, compartió el Presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba: impartir justicia va más allá de la aplicación de la ley; “requiere una visión integradora de las circunstancias, de muchos elementos que debenser tomados en cuenta, (…) más allá de una visión técnico profesional”.
“Nuestra sociedad ha cambiado mucho en todos estos años, razonó, y sigue cambiando, y hay que ir buscando una manera de que (lo anterior) se cumpla de una manera efectiva”.
Acerca de los análisis aportados por los diputados en la jornada de presentación del Proyecto de Ley de los Tribunales de Justicia, el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, valoró de “importante ejercicio” ese conjunto de reflexiones que son antesala de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea.
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Impartir justicia va más allá de la aplicación de la ley; “requiere una visión integradora de las circunstancias, de muchos elementos que debenser tomados en cuenta, (…) más allá de una visión técnico profesional”. Foto: Estudios Revolución.
ALCANZAR TODA LA JUSTICIA POSIBLE
Uno de los rasgos distintivos de este y los demás proyectos de leyes que se someterán a discusión y aprobación en este Séptimo período ordinario de sesiones de la IX Legislatura, es que están profundamente permeados de un régimen de garantías que logran un balance armónico entre la defensa de los derechos individuales y la defensa de los derechos de la sociedad.
Así calificó José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión Constitucional y Jurídica de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el estudio y análisis por las diputadas y diputados del proyecto de Ley del Proceso Penal, una de las cuatro iniciativas que discutirá la ANPP por estos días.
Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia, señaló por su parte que la Ley del Proceso Penal que se discute es una normativa muy moderna, que se nutre de lo más actualizado del derecho comparado y la ciencia del derecho internacional, aunque esta es muy cubana, es muy propia.
Yusuam Palacios, diputado por Sagua de Tánamo, Holguín, señaló que es una ley superior a la vigente. Cuba necesitaba seguir dando pasos en la reforma procesal, pero no solo en lo técnico-jurídico, sino enmarcada, como ha sido siempre en la Revolución, en la vocación de justicia del pueblo cubano.
Constituye, resumió, un proyecto de Ley esencial, que permite la aplicación del derecho con más flexibilidad, con riqueza, que da un mayor acceso de justicia a las personas en comparación con el resto del mundo.
Nuestro Ley de Proceso Penal —añadió— es más garantista y nuestro pueblo debe asimilar con toda convicción este y el resto de los proyectos de leyes que se están presentando, que lo que buscan es la máxima justicia posible.
El proyecto presentado ahora a diputadas y diputados partió de un diagnóstico que identificó 26 insuficiencias en la Ley del Proceso Penal vigente, las que debían ser resueltas en la nueva o que requerían de un tratamiento diferente.
Las limitaciones descritas se relacionan con las garantías y derechos fundamentales y con la necesidad de integrar en un solo cuerpo legal las múltiples modificaciones hechas a través de los años de vigencia y actualización de la norma presente, aprobada en 1977.
El proyecto que se evalúa responde al mandato establecido en la disposición transitoria décima de la Constitución de la República de 10 de abril de 2019, que encomendó al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo elaborar la propuesta de una nueva ley de procedimiento penal, para lo que le concedió un plazo de 18 meses.
Según recoge la «exposición de motivos» del proyecto de ley, para su elaboración se tuvo en cuenta las recomendaciones de la ANPP de 2011 y 2017, sobre la necesidad de realizar un estudio integral del sistema de justicia penal. También se apoya en documentos rectores aprobados en los recientes congresos del Partido Comunista de Cuba.
Para su elaboración —también se explica— se adoptó un enfoque de proceso, a fin de facilitar su manejo por los usuarios. El proyecto hasta ahora manejado por la ANPP, y que debe debatirse y aprobarse finalmente este miércoles, está estructurado en ocho libros, divididos en 48 títulos, 66 capítulos y 31 secciones, con 840 artículos.
En la nueva ley a sancionar, se modifican 221 artículos, 18 de los cuales contienen cambios sustanciales —en el resto se perfecciona la redacción—. La nueva Ley del Proceso Penal deberá entrar en vigor el primero de enero de 2022, o sea, dentro de poco más de dos meses.
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
De manera particular acerca del Proyecto de Ley del Proceso Administrativo, se supo que para su conformación se tomaron en consideración los documentos programáticos del desarrollo del país, aprobado en los últimos tres congresos del Partido Comunista de Cuba, en los cuales se indica la necesidad de perfeccionar el sistema de Justicia en todos sus ámbitos.
A partir de su letra, se reemplazará en parte a la vigente Ley no.7 «De procedimiento civil, administrativo, laboral y económico». La nueva normativa tiene como propósito regular en una norma procesal independiente los procedimientos para tramitar y resolver las reclamaciones contra las actuaciones u omisiones de la Administración Pública
De manera general se plantea que la norma tenga carácter de ley y que se denomine «Ley del proceso administrativo», con el fin de que quede claramente identificado su objeto de regulación, aseveró.
De acuerdo con la información ofrecida a los diputados por Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, en los análisis previos los diputados emitieron 10 criterios que fueron previamente conciliados con ellos antes de esta sesión de trabajo; desde organismos del sector jurídico, los universidades y otros sectores llegaron 264, y la población realizó 11.
Fruto de las opiniones aceptadas se variaron 54 artículos del proyecto, lo cual es muestra de la participación y modificación colectiva que ha dado vida al documento.
A partir de las opiniones emitidas, las principales modificaciones estuvieron relacionadas con temas como la precisión de que el tribunal provincial es el competente para conocer de las reclamaciones; se ampliaron algunos plazos para dotar de mayores garantías a las personas; se esclareció que, como regla, las pruebas se practican de forma concentrada en una sola audiencia; al tiempo que se realizaron cambios en las disposiciones finales.
A partir de esta Ley que se propone, comentó, se regula el proceso administrativo en una ley independiente, en atención a las peculiaridades que lo distinguen y los derechos que se protegen.
La normativa, enfatizó, permitirá establecer un cause procesal adecuado a la naturaleza de los asuntos que se ventilan mediante este proceso, se garantiza la tutela judicial de las personas frente al funcionamiento administrativo, la defensa del interés público y la garantía de la buena Administración pública.
Además, posibilitará fortalecer el papel activo del tribunal en los procesos, en la búsqueda de la verdad y la justicia, así como en la participación de las partes, la oralidad y la inmediación.
Profundos debates caracterizaron el análisis de este proyecto de Ley muy estrechamente vinculado a la administración pública, que sienta las pautas para un mejor hacer legal desde ese ámbito. El proyecto de Ley recoge entre otros, aspectos relacionados con los procederes en cuanto a la protección ambiental; medidas cautelares, demandas, contestación, audiencias y pruebas; así como sentencias y otras formas de terminación del proceso; medios de impugnación.
Al concluir la intervención de los diputados, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, subrayó que este es un proyecto de ley de significativa importancia en la vida dela nación y en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, que exige de la Administración Pública una actuación más transparente y una revisión profunda de sus procedimientos de trabajo.
Una vez puesta en vigor esta Ley, dijo, se garantizará a los ciudadanos una vía más expedita para que defiendan sus derechos cuando consideran que han sido vulnerados por la actuación de la Administración.
«Será una vía máspara que tengan una garantía del ejercicio de sus derechos en la vida pública», concluyó.
UN EJERCIO PARTICIPATIVO TRASCENDENTAL
También con la asistencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la última parte de la jornada de este lunes las parlamentarias y parlamentarios analizaron las propuestas relativas al Código de Procesos.
La discusión fue parte del estudio de los cuatro proyectos de leyes que se discutirán en el Séptimo período ordinario de sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que comienzan este miércoles. El foro analizó además los proyectos de ley, de los Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo, y del Proceso Penal.
En formato semipresencial, debido a la pandemia de la COVID-19, y a través de videoconferencia con los territorios, las diputadas y diputados estuvieron encabezados por Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP, el resto de la dirección del legislativo, miembros del Consejo de Estado, y Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República.
La norma relativa a los procesos judiciales tendrá rango de ley y se denominará Código de Procesos, teniendo en cuenta que uniforma los procedimientos para la tramitación y solución de los asuntos de las materias civil, familiar, mercantil, del trabajo y la seguridad social.
Sus proponentes explican que fue concebida como una disposición general, supletoria respecto a los procesos penal, administrativo y de amparo de los derechos constitucionales.
Según reza en el proyecto, para la conformación del Código de Procesos se tomaron en consideración los documentos pro-gramáticos para el desarrollo del país aprobados en el 6to, el 7mo y el 8vo congresos del Partido Comunista de Cuba y lo mandatado por la Constitución de la República sancionada en referendo popular en 2019.
Se insistió así en que la Constitución de la República le concede especial connotación al acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, con plena expresión en las garantías de los derechos de las personas.
En los documentos rectores se indica la necesidad de perfeccionar el sistema de justicia cubano en todos los ámbitos como premisa de la seguridad jurídica, la protección de los derechos de las personas, la institucionalidad, la disciplina social y el orden interior.
También responde al imperativo de fortalecer la administración pública, la informatización y el progreso de la ciencia, la tecnología y la innovación, en función de la solución de los problemas sociales, y que forman parte de los pilares de la gestión del Estado cubano y la presidencia del compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
El proyecto de Código de Procesos —explica la propuesta— responde al mandato establecido en la disposición transitoria décima de la Constitución, en la cual se encarga al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular la presentación a la ANPP del proyecto de nueva Ley de Procedimiento civil, administrativo, laboral y económico, ajustada a los cambios que establece la nueva Carta Magna.
La propuesta presentada a las legisladoras y legisladores para su estudio y análisis, previó a su Séptimo período ordinario de sesiones, expone entre sus antecedentes la Ley No.9 de 1977, De procedimiento civil, administrativo y laboral, que a partir de 2006 incorporó el proceso económico.
Sometido a debate previo, al proyecto se le modificaron 227 artículos propuestos originalmente, 22 de ellos como cambios sustanciales y en el resto fue perfeccionada la redacción.
La nueva ley, a debatir y aprobar en el Período ordinario de sesiones de la IX Legislatura, que comienza el miércoles, estaría dividida en dos partes, una general —que contiene las regulaciones comunes a todos los procesos—, y otra especial, dedicada los tipos procesales.
Como un excelente ejercicio legislativo, calificó Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP, las discusiones de este lunes sobre los cuatro proyectos de leyes relativos a la esfera judicial.
Ha sido —agregó— un importante ejercicio participativo, porque no solo se trata de esclarecer dudas o hacer pregun-tas, sino que se han planteado problemas medulares, algunos que modifican parte de los textos de algunos proyectos.
Estos cuatro proyectos de leyes —continuó— tienen un trabajo muy amplio y participativo, y muy dedicado y profundo por parte de muchos compañeros de los tribunales, los organismos, las universidades, los diputados y también del pueblo.
Fueron —agregó— alrededor de 60 intervenciones, además de los abundantes análisis del ponente —Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular— y el moderador —José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión Constitucional y Jurídica de la Asamblea Nacional del Poder Popular —.
