La necesidad de topar precios a productos agrícolas y otros alimentos, comercializados en los escenarios de las formas de gestión no estatal es letra firme, a partir de las más recientes disposiciones del gobierno en la provincia.
El establecimiento de tarifas máximas tiene como finalidad potenciar la calidad de los productos alimenticios que hoy se ofertan a la población y evitar un incremento de precios, a partir de de las medidas adoptadas por el país para potenciar la economía en las condiciones actuales y el incremento salarial en el sector presupuestado.
La decisión de establecer las nuevas regulaciones tiene su base en la Resolución 302 dictada en fecha 24 de julio de 2019 por la Ministra de Finanzas y Precios, que dispone en su apartado tercero la facultad de las administraciones de los gobiernos provinciales implantar los nuevos precios en cada territorio.
Estas tarifas máximas se aplicarán a los trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, de crédito y servicios, unidades básicas de producción cooperativas y otras formas de gestión no estatal de cada municipio en el ámbito de la comercialización de productos a la población.
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