La economía cubana proyecta una recuperación para 2021, luego de que en 2019 y 2020 experimentara una contracción a causa del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de Estados Unidos a Cuba, y del impacto de la COVID-19.

En el VI período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Alejandro Gil Fernández, vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, dijo que se prevé una recuperación gradual de la actividad económica, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes entre un seis y un siete por ciento respecto al actual calendario.

Lo anterior significa que se detendrá el decrecimiento experimentado en 2019 y profundizado en 2020, aunque todavía no se alcanzarán los niveles anteriores a 2018, y dependerá del control de la pandemia, añadió al intervenir en la segunda jornada de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (Parlamento), en su IX Legislastura, que acontece este jueves de manera virtual.

También lo ratificó la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños al afirmar que Cuba proyecta para 2021 un presupuesto del Estado eminentemente social, en el cual se contemplan los desafíos derivados de la implementación del ordenamiento monetario y financiero.

Ante el Parlamento, la titular explicó que en el primer año de aplicación de esa política, el presupuesto se reconvierte a partir de los nuevos precios, la reforma de salario y el incremento de las prestaciones de la seguridad social, y de la devaluación de la moneda, entre otros aspectos, que entran en vigor el 1 de enero.

No obstante, se mantiene la protección a programas sociales y servicios básicos que son conquistas de la Revolución cubana, enfatizó Bolaños, quien ejemplificó con los subsidios a productos y servicios sensibles para la población, como una parte de los medicamentos, los alimentos para los niños, embarazadas y otros grupos, así como otros elementos.

Para 2021 el presupuesto planifica gastos en el orden de los 374 mil 846 millones de pesos, de los cuales 243 mil 788 se destinan a la actividad presupuestada, que incluyen los nuevos salarios incrementados.

El 24 por ciento de esos recursos financieros respaldan la actividad educacional, universal y gratuita; en tanto el 28 por ciento cubren los gastos de la salud pública y la asistencia social.

La ministra se detuvo en lo relativo a la seguridad social, que demanda más de 33 mil millones de pesos y sustenta, entre otras cosas, el pago a los jubilados.

A pesar de las complejas condiciones de la economía del país se mantienen estas prestaciones que alcanzan a más de un millón 600 mil personas, insistió, y ello es una expresión de que en la isla no habrá terapias de choque ni se dejará a nadie desamparado.

Bolaños detalló que el presupuesto también refleja los niveles de actividad del plan de economía, que mantiene restricciones en algunos sectores, pero aspira a una recuperación gradual a partir de la implementación de la estrategia económica y social del país.

Los ingresos brutos planificados alcanzan los 291 mil 259 millones de pesos, el 39 por ciento de los cuales provienen de los tributos.

En este sentido precisó un grupo de medidas y adecuaciones tributarias para las formas no estatales de gestión, como la disminución de la carga y el reconocimiento del 100 por ciento de los gastos, que contribuirá a la asimilación del impacto del ordenamiento monetario en ese sector, para evitar que esos efectos se trasladen a los precios de productos y servicios.

El déficit fiscal asciende a 86 mil 744 millones 500 mil pesos, señaló la titular de Finanzas y Precios, y agregó que es una cifra muy alta, que requiere de todos los actores una ejecución económica eficiente y un riguroso control del gasto público, para impedir un mayor deterioro de las relaciones financieras.

Información de ACN y Prensa Latina

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